El Concejo Municipal del distrito de La Unión acordó por unanimidad la suspensión del alcalde encargado, Ruperto Fernández Sernaqué, tras aprobarse el pedido que presentó la regidora Kattia Margot Flores Morales, quien lo acusó de incurrir en una presunta falta grave en relación con posibles irregularidades administrativas. La decisión se produce en un contexto de creciente cuestionamiento a la gestión edil, luego de que un informe de fiscalización revelara el uso de un vehículo que no pertenece a la municipalidad, pero que se reparó con recursos públicos.
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El caso gira en torno a un vehículo marca Jeep, de placa AHK-122, el cual se halló en el taller CHIKICAR del distrito de La Arena y posteriormente en la maestranza municipal de La Unión. De acuerdo con los regidores, la unidad no es propiedad de la comuna y no existe contrato, convenio ni autorización que permita su uso, reparación o mantenimiento con recursos municipales. Esta situación, advirtieron, podría constituir un uso indebido de mano de obra, repuestos e infraestructura pública, lo que vulneraría la Ley Orgánica de Municipalidades y las normas de control interno que regulan el manejo de bienes y recursos del Estado.
Argumentos
Durante la sesión de concejo, el alcalde Fernández intentó desvirtuar las acusaciones señalando que el Reglamento Interno del Concejo Municipal no está publicado oficialmente, por lo que —según su interpretación— no aplica para para sustentar una falta. Sin embargo, los regidores refutaron este argumento al verificar que dicho reglamento figura en la página web institucional desde el año 2023, aunque su difusión formal no se realizó en su momento por la entonces secretaria general, Ana Lucía Benites Cruz, quien continúa en el cargo.
Fernández también sostuvo que la falta que se le imputa es ambigua y que no se ha demostrado la existencia de dolo o negligencia grave, elementos que —a su criterio— son indispensables para justificar una suspensión. Pese a ello, el Concejo consideró que los indicios encontrados son lo suficientemente graves como para adoptar una medida preventiva y decidió apartarlo temporalmente del cargo mientras se esclarecen los hechos.
Como parte de los acuerdos, el pleno edil dispuso además que el informe de fiscalización pase al Órgano de Control Institucional (OCI), a fin de que evalúe si existen responsabilidades administrativas, civiles o penales en este caso. Asimismo, se dejó abierta la posibilidad de que el alcalde suspendido presente un recurso de reconsideración o apelación, lo que podría llevar el proceso hasta el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que tendrá la decisión final.
Alcalde dice que no cometió falta alguna
En su defensa, Ruperto Fernández afirmó que el vehículo en mención fue puesto a disposición de la municipalidad por el programa Foncodes para una evaluación técnica, con miras a una eventual transferencia. Según explicó, él solicitó que el tema se evalúe en sesión de concejo para aprobar la recepción formal del bien, pero la comisión rechazó el expediente y luego no se aprobó ni se desaprobó en el pleno. “Al no haber acuerdo de concejo y Foncodes dijo que se hacía una transferencia directa. Yo no he cometido falta alguna como ellos (regidores) sustentan.”, declaró.
Mientras se resuelve su situación legal, la Municipalidad de La Unión queda a la espera de que se defina quién asumirá la conducción del gobierno local, en medio de un escenario marcado por la desconfianza y el escrutinio público sobre el manejo de los recursos municipales.
