En un contexto marcado por la desconfianza hacia las instituciones y el persistente impacto de la corrupción, la transparencia se posiciona como un elemento clave para fortalecer la legitimidad de los proyectos de inversión en el Perú. Así lo revela un estudio nacional realizado en el marco de la iniciativa Saber para Crecer, el cual indica que 9 de cada 10 peruanos considera que una mayor apertura en información sobre contratos, pagos y acuerdos con el Estado contribuiría significativamente a prevenir actos de corrupción.
El informe evidencia que entre el 81% y el 85% de los ciudadanos reconoce que la inversión es fundamental para el crecimiento económico y la generación de empleo, especialmente en sectores estratégicos como infraestructura, minería y pesca. Sin embargo, este respaldo convive con una percepción crítica: más del 80% de los encuestados cree que las empresas pueden incurrir con frecuencia en prácticas corruptas o poco éticas para asegurar la ejecución de proyectos, lo que refleja una brecha importante entre la necesidad de inversión y la confianza en los actores involucrados.
Este escenario se ve reforzado por los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparencia Internacional, donde el Perú obtuvo apenas 30 puntos sobre 100, ubicándose en el puesto 130 de 182 países evaluados. Se trata de uno de los niveles más bajos registrados en los últimos años, lo que evidencia debilidades estructurales en materia de integridad pública y control institucional.
Respuesta de la ciudadanía
Frente a esta realidad, la ciudadanía no solo manifiesta preocupación, sino que también plantea soluciones concretas. El estudio muestra un amplio respaldo a medidas como la publicación de reportes ambientales, la difusión de contratos entre empresas y el Estado, y el acceso a información sobre impuestos y regalías. Estas acciones son percibidas como herramientas fundamentales para fortalecer la supervisión, garantizar la rendición de cuentas y permitir que las comunidades ejerzan un rol activo en la vigilancia de posibles impactos sociales y ambientales.
En conjunto, los resultados reflejan que la transparencia ha dejado de ser una demanda secundaria para convertirse en una condición indispensable en la aprobación social de los proyectos de inversión. En un país donde la corrupción continúa siendo una de las principales preocupaciones, avanzar hacia una cultura de apertura informativa y control ciudadano será determinante para recuperar la confianza y asegurar un desarrollo sostenible.
