La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura inició una investigación preliminar contra el alcalde del distrito de Castilla, Walther Guerrero Silva, y otras 14 personas, entre regidores y exfuncionarios, por presuntas irregularidades en la prescripción de una deuda tributaria de S/ 983,861 del centro comercial Open Plaza.
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Según la disposición fiscal N° 02-2024, emitida el 8 de diciembre de 2024, la fiscal Lilibeth Rodríguez Huertas aperturó una investigación fiscal bajo la carpeta N° 2606065500-2024-3696. Entre los investigados figuran, además del alcalde Guerrero Silva, Elvira Cienfuegos, responsable de la Oficina Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios; Cristóbal Ramos Sullón, exgerente de Administración Tributaria de Castilla; regidores de la mayoría del concejo municipal y otros exfuncionarios.
La investigación a las autoridades es por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de colusión y, de manera alternativa, por negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo, en agravio del Estado.
La deuda prescrita y el cuestionamiento a la gestión municipal
De acuerdo con la Oficina de Imagen Institucional de Castilla, Open Plaza solicitó en 2023 la prescripción de su deuda tributaria acumulada entre los años 2011 y 2016. Esta deuda, que incluía intereses, fue declarada prescrita en 2023 por el entonces gerente Cristóbal Ramos Sullón.
Desde la comuna castellana, se reconoció que el contribuyente obtuvo el derecho a solicitar la prescripción debido a una deficiente gestión administrativa en la fiscalización de 2017, lo que habría impedido una correcta determinación de la deuda.
Este caso ha generado controversia en la opinión pública, ya que abre interrogantes sobre posibles irregularidades en la administración tributaria municipal y la responsabilidad de las autoridades en la pérdida de ingresos para el distrito. La Fiscalía deberá determinar si se trató de una negligencia administrativa o si hubo una presunta concertación para favorecer a la empresa privada en perjuicio del Estado.
Fuente: Correo
