La región de Piura se alista para un año clave en su desarrollo, con inversiones históricas que superan los 1,300 millones de soles. Sin embargo, la inseguridad ciudadana amenaza con empañar este avance. Así lo advirtió el alcalde provincial, Gabriel Madrid Orue, quien solicitó al Ministerio del Interior un refuerzo significativo en las comisarías locales para garantizar la tranquilidad durante la ejecución de las obras millonarias.
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En la reciente sesión del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec), Madrid Orue destacó que, a partir de enero de 2025, se pondrán en marcha importantes obras, como la ampliación del canal de Curumuy (S/400 millones), el cambio de redes de agua y alcantarillado en 105 asentamientos humanos (S/600 millones), y otros proyectos de la Municipalidad Provincial de Piura y el Gobierno Regional (S/300 millones). Estas inversiones no solo buscan transformar la infraestructura de la región, sino también mejorar la calidad de vida de miles de piuranos.
“Con esta inversión histórica, es indispensable que el Ministerio del Interior incremente el número de efectivos policiales en las comisarías para combatir delitos como el sicariato y las extorsiones. Ya hemos visto tragedias en Sullana que no podemos repetir”, afirmó el burgomaestre, haciendo referencia al asesinato de jóvenes ingenieros en circunstancias violentas hace unos meses.
Proyecto de seguridad ciudadana
En un gesto de coordinación, el alcalde recomendó al gobernador regional, Luis Neyra León, que evalúe la transferencia de la unidad ejecutora del proyecto de seguridad ciudadana en Piura, Catacaos y Cura Mori, para que lo gestione directamente por el Gobierno Regional. Según explicó, los expedientes técnicos de estas iniciativas fueron elaborados por la Municipalidad Provincial.
Por otro lado, Madrid Orue hizo un llamado a la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Piura, Claudia Morán Morales de Vicenzi, para abordar la problemática del tráfico de terrenos. Según el alcalde, medidas cautelares otorgadas por algunos jueces sobre predios municipales estarían fomentando esta actividad ilegal.
Este conjunto de acciones subraya la necesidad de un trabajo conjunto entre autoridades locales, regionales y nacionales para garantizar que la millonaria inversión en obras se traduzca en desarrollo sostenible y seguridad para todos los piuranos. La seguridad ciudadana no puede quedarse rezagada ante un futuro que promete transformar a la región.
