La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró nulas las sentencias condenatorias impuestas contra 14 policías —entre ellos varios que prestaron servicios en Piura— procesados en el polémico caso del denominado «Escuadrón de la muerte». La resolución no solo deja sin efecto las penas de hasta 35 años de prisión, sino que ordena un nuevo juicio oral con un colegiado distinto para garantizar imparcialidad y subsanar las irregularidades detectadas.
Policías piuranos entre los procesados
Entre los procesados cuya condena fue anulada figuran agentes que sirvieron en unidades policiales de Piura durante los años en que, según la Fiscalía, operó este grupo. Se trata de Irwin Wilmer Castillo Mendoza, Jean Claude Miranda Jiménez, Horacio Cruz Cruz, Eileen Humberto Yovera Cisneros, Elmer Gerardo Carrasco Zegarra, Eddy Fernando Antón Campos, y los hermanos Heyse Honegger Fiestas Yarlequé y Gubbins Walter Fiestas Yarlequé, quienes habían recibido sentencias de 21 años y 6 meses de cárcel por homicidio calificado.
La Sala también anuló las condenas contra Raúl Prado Ravines, presunto cabecilla de la red, y contra Carlos Llanto Ponce y Williams Smith Castaño, quienes inicialmente recibieron una condena de 35 años de prisión. Asimismo, dejó sin efecto las penas de 26 años y medio impuestas a Luis Alberto Zúñiga Saavedra y Francisco Arévalo Quispe, así como la condena de cuatro años y ocho meses contra Ewglimer William Castillo Morán.
Irregularidades graves en el proceso
Los jueces superiores Quispe Aucca, Medina Salas y Guillén Ledesma concluyeron que la sentencia de primera instancia del 2022 estaba plagada de «nulidades insubsanables». Según su análisis, el tribunal original no fundamentó de manera clara sus decisiones, omitió valorar pericias claves —como informes de balística o inspección de escenas del crimen—, ni realizó el obligatorio debate pericial cuando había conclusiones contradictorias.
Asimismo, se detectó que varios testimonios de colaboradores eficaces y testigos protegidos fueron aceptados sin la debida corroboración autónoma, violando garantías procesales básicas. Estas deficiencias habrían generado una situación de «indefensión material» que, en palabras de la Sala, impedía a los procesados ejercer una defensa efectiva.
Un nuevo inicio
Con esta decisión, todas las penas, multas y reparaciones civiles quedan sin efecto. Ahora, los 14 procesados deberán enfrentar un nuevo juicio oral que deberán llevar jueces distintos a los que emitieron la sentencia anulada.
En el caso de Raúl Prado Ravines —capturado en junio de 2025 en Comas tras permanecer prófugo desde 2019—, será el Juzgado de Investigación Preparatoria quien determine si continúa bajo prisión preventiva o afronta en libertad el nuevo proceso. Para los demás procesados, la situación legal deberá redefinirse, dado que las condenas originales ya no tienen validez.
El trasfondo del caso
De acuerdo con la acusación fiscal, el «Escuadrón de la muerte» habría operado entre 2012 y 2015 en Lima, Ica, Lambayeque y Piura. Su modus operandi consistía en organizar supuestas intervenciones policiales para ejecutar extrajudicialmente a presuntos delincuentes, con el fin de mostrar resultados operativos y obtener ascensos dentro de la Policía Nacional del Perú.
La decisión de la Sala de Apelaciones no significa una absolución definitiva, pero sí marca un giro en un caso que sacudió la imagen institucional de la PNP y en el que Piura quedó señalada como uno de los escenarios de estas cuestionadas operaciones.
