Miguel Rodríguez Díaz, alias ‘Cuchillo’, sindicado públicamente como presunto responsable de la masacre que dejó 13 trabajadores de seguridad asesinados en un socavón del distrito de Pataz en la región La Libertad, envió una carta notarial dirigida a la presidenta Dina Boluarte exigiendo una rectificación pública por haberlo mencionado en relación con el caso.
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El documento legal, se envío tras las declaraciones de la mandataria en la conferencia de prensa del lunes 5 de mayo, en la que vinculó a Rodríguez Díaz con el violento ataque ocurrido en el distrito de Parcoy. Según la defensa del aludido, tales afirmaciones carecen de sustento y han perjudicado gravemente su vida personal y profesional.
“A raíz de sus declaraciones, distintos medios de comunicación me han sindicado como el principal sospechoso de la masacre en Pataz. Ha provocado una alteración al normal desarrollo de mi vida personal al poner en tela de juicio las actividades lícitas que desarrollo”, se lee en la carta enviada a Palacio de Gobierno.
Plazo de cinco días
El abogado de Rodríguez Díaz aseguró que hasta la fecha no existe ninguna carpeta fiscal ni citación formal que lo involucre directamente en los hechos. Por ello, considera que la jefa de Estado incurrió en una grave falta al emitir declaraciones sin pruebas ni respaldo judicial.
Según se informó, la carta notarial será recibida por el área correspondiente de Palacio de Gobierno este lunes. A partir de ese momento, la defensa ha otorgado un plazo de cinco días calendario para que la presidenta se rectifique públicamente. De lo contrario, procederán a presentar una denuncia penal por difamación agravada, delito que contempla penas privativas de libertad.
“Si la presidenta de la República no cumple con rectificarse en ese plazo, lamentablemente tendremos que recurrir a interponer una querella en atención al daño causado al honor de una persona inocente”, advirtió el abogado defensor.
Finalmente, la masacre en Pataz, a la fecha sigue sin revólverse, y ha generado una ola de indignación y exigencias de justicia en la región. Mientras tanto, el pedido de Rodríguez Díaz abre un nuevo capítulo en la tensión entre el Ejecutivo y quienes se sienten injustamente señalados en medio de las investigaciones.
