En una audiencia que parecía rutinaria dentro del juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo, su abogado defensor, Ricardo Hernández Medina, sorprendió al tribunal con una inesperada estrategia: cuestionar la autenticidad del video donde su defendido aparece anunciando la disolución del Congreso el 7 de diciembre de 2022. Según el letrado, el material audiovisual podría haber sido creado o alterado mediante inteligencia artificial.
“Yo puedo observarlo, pero puede ser él o puede ser un actor”, afirmó Hernández Medina ante los jueces, insinuando que el video, ampliamente difundido por medios y redes sociales el día del fallido autogolpe, podría no ser real. La grabación muestra a Castillo junto a la entonces primera ministra Betssy Chávez anunciando el cierre del Congreso y la intervención del sistema de justicia.
La Fiscalía ha calificado ese video como una prueba central del caso, en el que solicita 34 años de prisión para el exmandatario por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. Sin embargo, la defensa insistió en que no existe un peritaje que certifique la voz o la imagen del expresidente, y que el acta presentada por el Ministerio Público corresponde a una “fuente abierta”, sin verificación oficial.
“Se trata de una prueba preconstituida que no cumple con los requisitos mínimos. Hoy en día, con la inteligencia artificial todo se puede modificar”, agregó el abogado, quien incluso planteó la posibilidad de que actores hayan interpretado a Castillo y a Chávez en la grabación.
No presentó pruebas de su teoría
Pese a lo impactante del alegato, la defensa no presentó análisis técnicos, peritajes ni informes especializados que respalden su teoría. La referencia a los deepfakes —videos manipulados digitalmente para hacer parecer que alguien dijo o hizo algo que no ocurrió— no tuvo un acompañamiento de evidencia alguna. Fuentes cercanas a la audiencia señalan que incluso el propio Castillo habría mostrado desconcierto ante los planteamientos de su defensor.
El caso de Pedro Castillo ha marcado un hito en la historia política reciente del Perú. Su intento de disolver el Congreso y gobernar por decreto desató una crisis institucional que culminó con su destitución y detención ese mismo día. Ahora, a medida que avanza el juicio, la estrategia de la defensa parece girar hacia el terreno de lo improbable, con argumentos que buscan sembrar dudas sobre pruebas ampliamente conocidas por la opinión pública.
La Fiscalía, por su parte, se mantiene firme en su acusación, y se espera que en las próximas audiencias presente peritos que ratifiquen la autenticidad del video.
