El juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo y tres exministros por el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022 se reanudó este viernes 14 de marzo a las 9:30 a.m. en la sala de audiencias de la Corte Suprema, ubicada en el complejo policial de la Dinoes, contiguo al penal de Barbadillo, donde Castillo permanece recluido.
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Para esta sesión, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema convocó a declarar a varios exfuncionarios como testigos clave de la Fiscalía: Fernando Aliaga y Roberto Wong, exfuncionarios del IRTP; Eduardo Guerrero, exsecretario de Comunicaciones de Palacio; y Nelly Torres, exdirectora de noticias de TV Perú. Durante la jornada, la Fiscalía, procuraduría y las defensas de los acusados elaboraran sus preguntas.
Audiencia sin Pedro Castillo
La audiencia del 14 de marzo estuvo marcada por la ausencia de Pedro Castillo, quien fue trasladado de emergencia a un hospital tras sufrir una descompensación derivada de la huelga de hambre que inició el 10 de marzo en protesta por su proceso judicial. Luego de recibir atención médica, se le dio de alta y retornó al penal de Barbadillo.
En sesiones previas, declaró como acusado el general PNP Manuel Lozada, jefe de la Región Policial Lima durante el intento de golpe, mientras que el general PNP (r) Vicente Álvarez Moreno, jefe del Estado Mayor de la PNP en ese momento, brindó su testimonio como testigo.
Por otro lado, el exministro del Interior Willy Huerta, también acusado en el proceso, cambió de posición y decidió no declarar en esta etapa del juicio, reservando su testimonio para la fase final, una vez evaluadas todas las pruebas.
La defensa de Pedro Castillo, encabezada por el abogado Walter Ayala, ha denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) supuestos «abusos» por parte del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y ha solicitado medidas cautelares en favor del expresidente.
El juicio continúa con la presentación de pruebas y testimonios, mientras las partes involucradas afinan sus estrategias para las próximas etapas del proceso judicial que mantiene en vilo al país.
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