La Cámara de Comercio de Piura alertó sobre el grave deterioro de la seguridad en la región, señalando que el avance del crimen organizado y la extorsión ha alcanzado niveles críticos, afectando directamente a los ciudadanos, al sector empresarial y al desarrollo económico regional. En un pronunciamiento público, el gremio empresarial advirtió que Piura ocupa hoy el tercer lugar en el país con mayor número de denuncias por extorsión, registrando 1,253 casos entre enero y mayo de este año, según datos del Sistema Informático de Denuncias Policiales (SIDPOL). Esta cifra representa un alarmante incremento del 51 % respecto al mismo periodo de 2024.
“La situación ha empeorado. Hoy, vivir o emprender en Piura implica hacerlo con miedo”, señala el comunicado, que pone énfasis en cómo la delincuencia viene afectando a negocios de todos los tamaños.
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Según cifras del INEI revelan que más del 20 % de empresarios piuranos fueron víctimas de delitos como amenazas, cobros ilegales o extorsión, lo que ha llevado a muchas empresas a cerrar o paralizar sus operaciones. Como resultado, solo en el primer trimestre de 2025, más de 8,300 empresas cerraron en Piura —principalmente micro y pequeñas— generando la pérdida de más de 20 mil empleos formales. Para la Cámara, esta es “la cifra más alta de la historia” y evidencia el colapso de la seguridad económica en la región.
Minería ilegal
Otro factor que agrava la situación es el crecimiento de la minería ilegal en zonas como Tambogrande, Las Lomas y Suyo. Esta actividad no solo causa daños ambientales irreversibles, sino que está estrechamente ligada al financiamiento de bandas criminales dedicadas al sicariato, al tráfico de armas y al lavado de dinero. Además, la Cámara advirtió que por cada denuncia de extorsión existen al menos tres casos no reportados, debido al temor de represalias, lo que muestra una realidad aún más preocupante de lo que reflejan las cifras oficiales.
El gremio empresarial reconoció el esfuerzo de los efectivos de la Policía Nacional que enfrentan al crimen en condiciones muchas veces precarias, pero insistió en que la situación requiere de una intervención estatal más firme y planificada. Exigieron al Gobierno central y a las autoridades regionales la implementación urgente de un plan especial de seguridad con enfoque territorial, que incluya más inversión en inteligencia policial, erradicación de la minería ilegal, fortalecimiento del sistema judicial y protección efectiva a víctimas y testigos. “No se puede hablar de desarrollo sostenible si no se garantiza un entorno mínimo de seguridad”, recalcaron.
Finalmente, la Cámara llamó a los empresarios y ciudadanos a no guardar silencio y a denunciar los delitos, al tiempo que instaron al Estado a brindar garantías reales de protección. “Nuestra institución no será indiferente. Seguiremos exigiendo acciones concretas. La región y el país no solo lo merecen, lo necesitan con urgencia”, concluye el pronunciamiento.
