La noche del lunes 23 de diciembre, extorsionadores detonaron un explosivo dentro de un bus de transporte público de la empresa Huancayo City S.A., que cubre la ruta entre San Juan de Lurigancho (SJL) y San Martín de Porres (SMP). El incidente ocurrió alrededor de las 8:00 p.m. en la avenida Malecón Checa y dejó a una mujer herida, quien fue trasladada de emergencia al Hospital Dos de Mayo.
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El ataque, que generó terror entre los pasajeros, provocó que varios ocupantes abandonaran el vehículo para auxiliar a la víctima y alertar a las autoridades. Inmediatamente, agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para iniciar las investigaciones, mientras que personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) aseguró la zona y analizó los restos del artefacto.
Este violento episodio parece estar relacionado con la creciente ola de extorsiones que sufren las empresas de transporte público en Lima. Bandas criminales, como Los Chukys, Los Injertos de Barrios Altos y Lugarteniente Juan, exigen pagos desmesurados a los transportistas para operar en distintas rutas de la ciudad.
Uno de los casos más alarmantes es el de la empresa Virgen de La Concepción, cuyos conductores denuncian demandas de hasta 30,000 soles iniciales y cuotas mensuales de 10,000 soles. “La de Barrios Altos nos está pidiendo 30.000 soles y 10.000 soles mensuales. Así que mejor que nos maten acá”, declaró un chofer, visiblemente indignado.
Por su parte, el gerente de la empresa Translima reveló que los delincuentes cobran a los conductores cada vez que transitan por zonas específicas. “Si pasas una vez al día, pagas una vez; si pasas 10 veces, pagas 10 veces”, comentó.
Una crisis de seguridad sin control
Estos actos violentos y las amenazas constantes exponen una crisis de seguridad que afecta tanto a los transportistas como a los ciudadanos. Las bandas criminales han encontrado en el transporte público un blanco fácil para sus operaciones ilícitas, mientras los conductores trabajan bajo constante temor.
La ciudadanía exige respuestas inmediatas de las autoridades para desarticular estas organizaciones delictivas y garantizar la seguridad en las calles de Lima. El incidente en San Juan de Lurigancho genera un un grito de alarma sobre la urgente necesidad de acciones contundentes contra la criminalidad.
