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Fiscal superior de Sullana recibe amenazas por cambiazo de oro: evalúan brindarle protección policial

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El jefe de la Región Policial de Piura, general Manuel Farías Zapata, detalló que se está evaluando brindar protección policial a la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Sullana, Carolina Delgado Manrique, quien viene recibiendo amenazas por parte de bandas criminales tras el inicio de una investigación por el misterioso “cambiazo” de cuatro lingotes de oro incautado, cuyo valor asciende a más de 2.5 millones de dólares.

Leer más: Sullana: dos fiscales bajo investigación por la desaparición de 4 lingotes de oro incautado

“Tenemos información de inteligencia y contrainteligencia que señala que se está amenazando a gente honesta del Ministerio Público, específicamente a la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Sullana. Esto sucede porque se está actuando de manera transparente para llegar a la verdad”, declaró Farías. 

Ante esta grave situación, Delgado Manrique ha solicitado seguridad personal, petición que, según el general, está en evaluación. 

“Se está evaluando (pedido de protección) tiene que hacerse los informes de apreciación y luego autorización de lima. Estamos avanzando en el trámite”, dijo el oficial.

El jefe de la Región Policial, general Manuel Farías Zapata detalló que se está evaluando la protección policial a la fiscal superior.

Corrupción en la mira

El escándalo estalló cuando se reveló que dos fiscales están bajo investigación por su presunta implicación en el “cambiazo” del oro incautado en Suyo. La Junta de Fiscales Superiores de Sullana informó que la Primera Fiscalía Superior Penal de Apelaciones de Sullana, a cargo del fiscal superior César Aguilar Cosme, inició una indagación contra los fiscales Fernando Daniel Hernández Quispe y Sandra Reyes Córdova, quienes participaron en las primeras diligencias. 

Además, la Policía Nacional abrió una investigación interna en Inspectoría contra un grupo de agentes posiblemente vinculados al caso. 

Este nuevo episodio expone la fragilidad de las instituciones frente a las redes del crimen organizado y deja en evidencia la necesidad de reforzar la seguridad de los operadores de justicia que buscan esclarecer uno de los casos más escandalosos en la región. 

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