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Fiscalía investiga presunta malversación de más de 12 millones de soles en el Gobierno Regional de Piura

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La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura, liderada por el fiscal adjunto provincial José Jiménez Moscol, avanza en una investigación que podría revelar uno de los casos más graves de malversación de fondos en la región. Este jueves, el fiscal acudió personalmente a la Oficina de Recursos Humanos del Gobierno Regional de Piura (GORE) para recabar documentos clave que no fueron entregados previamente, pese al requerimiento oficial que realizó la Fiscalía.

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El caso se centra en la presunta desviación de más de 11 millones de soles por parte del exgobernador regional Servando García Correa y otros funcionarios. Según la denuncia, los recursos destinados a beneficios laborales protegidos por medidas cautelares se habrían asignado irregularmente a la categoría genérica «Personal y Obligaciones Sociales», dentro del rubro de Recursos Ordinarios, sin la autorización correspondiente para su libre disposición.

Otra investigación

Adicionalmente, la Fiscalía investiga el uso indebido de de 1,386,032.06 soles de los recursos asignados al Programa Presupuestal 117, específicamente en el producto 3000889 y la actividad presupuestal 5006337, correspondiente a la «Atención, cuidado y protección a niñas, niños y adolescentes en desprotección familiar a través de centros de acogida residencial básico – Piura”.

“Estamos recabando toda la información necesaria para esclarecer estos hechos y determinar responsabilidades”, declaró una fuente cercana a la investigación. El presunto desvío no solo representa un perjuicio económico para el Estado, sino que también podría haber afectado directamente a sectores vulnerables de la población y a los derechos laborales de los trabajadores del sindicato regional (SUTRAGOBREG Piura).

Finalmente, la Fiscalía enfatizó la importancia de estos documentos para consolidar las pruebas en un caso de presunta malversación que podría sentar precedentes en la lucha contra la corrupción en la región. La ciudadanía espera respuestas concretas sobre el destino de estos recursos y la sanción correspondiente para los responsables.

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