La Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada (Feccor) de Piura incautó seis predios presuntamente obtenidos de manera irregular por integrantes de la organización criminal conocida como “Los Ilustres de Piura”, una red que habría utilizado documentos falsificados para apropiarse de terrenos estratégicos en Sullana, Paita y Talara, varios de ellos ubicados en zonas de alto valor económico y turístico.
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Los inmuebles intervenidos se encuentran distribuidos en tres provincias de la región. En Sullana, específicamente en el distrito de Miguel Checa, se incautaron los predios La Esperanza, La Esperanza sub lote B y el predio eriazo denominado “Las Dunas de Congorá”, ubicados en el sector Loma del Mar y Luna–Congorá. En tanto, en la provincia de Paita, distrito de La Huaca, se incautó los predios eriazos Zona II y Sub Lote Zona I-B, ambos en el sector Congorá. A esta lista se suma un predio ubicado en el sector Vichayito, en el distrito de Los Órganos, Talara, una de las zonas más cotizadas del litoral piurano.
Tesis fiscal
De acuerdo con la investigación fiscal, estos terrenos aparentemente fueron inscritos en Registros Públicos mediante expedientes con información presuntamente adulterada, lo que permitió a la organización criminal figurar como propietaria legal de predios que no les correspondían. Esta modalidad, según fuentes cercanas a la investigación se utiliza de forma sistemática para acumular patrimonio y facilitar operaciones de lavado de activos.
En el centro de la investigación figuran los hermanos Pedro y Julio More Vilela, además de Alfonso Vásquez Vélez y Frank Jungbluth, quienes serían parte del núcleo operativo de la presunta organización. Asimismo, el caso involucra a un asistente registral en Piura, Samuel López, y a un comisario de la Policía Nacional en Pariñas, Julio Valiente, lo que revela un posible esquema de colaboración interna para viabilizar las inscripciones irregulares y brindar protección a las operaciones ilícitas.
La incautación de los predios representa un golpe directo al patrimonio de la presunta red criminal y expone una problemática recurrente en la región: el tráfico ilegal de terrenos mediante falsificación documental, especialmente en zonas con proyección inmobiliaria y turística. En tanto, la investigaciones continúan.
