El excomandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Jorge Angulo, se pronunció tras el reciente fallo del Poder Judicial que anuló su pase al retiro, afirmando que esta decisión demuestra que su separación del cargo fue “arbitraria, ilegal y abusiva”. A pesar de este resultado favorable, Angulo expresó su desacuerdo con el hecho de que la resolución no ordena su reincorporación al puesto que ocupaba.
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En enero de 2024, mediante la Resolución Suprema 0019-2024-IN, el gobierno de Dina Boluarte dio por concluida la designación de Angulo como comandante general de la PNP, ordenando su pase al retiro. Sin embargo, Angulo presentó una demanda de amparo buscando anular dicha resolución y ser restituido en su cargo, argumentando que la medida tomada en su contra fue una clara vulneración de sus derechos.
Resolución arbitraria
El Poder Judicial emitió un fallo en el que declaró nula la resolución que ordenó su pase al retiro, pero no dictaminó su reincorporación inmediata al puesto. “Se evidencia que la resolución fue efectivamente arbitraria, ilegal, abusiva y afectó la institucionalidad”, manifestó Angulo a medios de comunicación nacional.
Angulo insistió en que, aunque el fallo del Poder Judicial es un paso positivo, no resuelve completamente el daño causado. Para él, la única manera de restablecer el estado de derecho y la justicia es a través de su reincorporación como comandante general de la Policía Nacional. «Se tiene que resarcir el daño o la afectación a un derecho constitucional», indicó, subrayando que cualquier otra decisión genera incertidumbre y deja sin una reparación completa el daño ocasionado.
El excomandante también señaló la importancia de este caso para sentar precedentes que impidan la manipulación política de las instituciones estatales. “Lo que buscamos es generar precedentes para que no se manipule una institución con intereses políticos”, afirmó, haciendo un llamado a que se respete la autonomía y profesionalismo de la Policía Nacional.
La exautoridad policial subrayó en que sebe generar precedentes para no afectar a una institución por motivaciones políticas. “Yo le quiero recalcar a acá a la opinión pública es de que la motivación principal de mi intervención en este escenario es solamente la defensa de los fueros institucionales, generar precedentes para que no se manipule una institución. Ahora en esta misma resolución la entidad demandada dice debe emitir un nuevo acto administrativo, una nueva resolución. Entonces yo me pregunto ¿cuáles serán las motivaciones o fundamentos para generar una nueva resolución? ¿Cómo se va a ejecutar eso?, obviamente que genera mucha polémica”, precisó.
