Una denuncia por presunta violación sexual derivó en una investigación por corrupción contra tres policías y dos civiles en Piura. El Tercer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios investiga si los agentes aprovecharon sus funciones para intervenir en un acuerdo económico entre la agraviada y los presuntos agresores, y si se quedaron con parte del dinero que debía recibir la mujer como reparación civil. Los implicados son investigados por el presunto delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial.
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De acuerdo con la hipótesis fiscal, los hechos se remontan al 23 y 24 de marzo de 2026, cuando una ciudadana acudió a la Comisaría PNP La Matanza (Morropón) para denunciar que había sido víctima de una presunta agresión sexual. En este caso se investiga a los suboficiales PNP Dilmer Pacherrez C., Jhon H. Crisanto J. y Omar D. Aguirre I., así como a los civiles Víctor H. Sullón A. y Héctor A. Ruiz R., por su presunta participación en coordinaciones para realizar pagos irregulares.
Hechos que se investigan
La investigación señala que, después de presentar la denuncia, la mujer comunicó a los policías su decisión de desistir de ella. En ese contexto, los efectivos le habrían sugerido solicitar una reparación civil a los presuntos agresores. Uno de los agentes se habría ofrecido como intermediario para gestionar el pago, por lo que se habría coordinado la entrega de una determinada suma de dinero. Según la Fiscalía, estas gestiones habrían incluido el uso del aplicativo Yape y de cuentas bancarias para concretar las transferencias.
Sin embargo, el dinero entregado no habría llegado íntegramente a la agraviada. Parte del monto presuntamente se quedó en poder de los policías investigados, situación que llevó a la mujer a acudir posteriormente a la Fiscalía para denunciar que no había recibido la totalidad de la supuesta reparación civil. Esta denuncia dio lugar a la investigación por cohecho pasivo propio, con el objetivo de esclarecer si los agentes utilizaron sus cargos para obtener un beneficio económico en medio de un caso de presunta violencia sexual.
A los efectivos también se les atribuye haber utilizado el vehículo policial asignado a la Comisaría PNP La Matanza para trasladar a la mujer fuera de su jurisdicción, hasta la ciudad de Piura. Durante ese desplazamiento, presuntamente le entregaron parte del dinero en efectivo y realizaron depósitos bancarios. Estos movimientos forman parte de los hechos que la Fiscalía busca esclarecer para determinar la participación de cada investigado y establecer cómo se distribuyó el dinero.
Orden judicial
Ante estos indicios, el Ministerio Público ejecutó una orden judicial que autorizó la detención preliminar, el allanamiento de inmuebles con descerraje, el registro personal, la incautación de bienes y el levantamiento del secreto de las comunicaciones. La diligencia estuvo a cargo del fiscal provincial Jesús Alberto Aranguren Martínez, con la participación de los fiscales adjuntos José Jiménez, Carlos Pizarro —responsable de la investigación—, Miguel Berrú y Cinthya Janeth Rondoy Bances. También participaron efectivos del Departamento Desconcentrado Contra la Corrupción de la Policía Nacional en Piura (DEPDICC PNP) y de la Dirección contra la Corrupción (DIRCOCOR).
Durante el operativo, las autoridades incautaron teléfonos celulares de los investigados y documentación que pasará por análisis. Con estos elementos, la Fiscalía busca reconstruir las comunicaciones entre los implicados, verificar las operaciones financieras y determinar si existió una coordinación para retener parte del dinero. La investigación deberá establecer las responsabilidades individuales, respetando la presunción de inocencia de los involucrados.
