Un duro golpe a la criminalidad organizada asestó la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Criminalidad Organizada (FECCOR) de Piura, al desarticular una presunta célula de la organización transnacional “Los Gallegos del Tren de Aragua”, que venía operando en diversas zonas de la región desde marzo de 2022, cometiendo delitos graves como trata de personas con fines de explotación sexual, extorsión, robo agravado, amenazas de muerte y sicariato.
El operativo estuvo a cargo del segundo equipo de la FECCOR, liderado por la fiscal Rocío Vences Gonzáles, y comprendió el allanamiento de 14 inmuebles, incluidas celdas del Establecimiento Penitenciario de Piura – Ex Río Seco, viviendas, casas de acogida y hospedajes presuntamente utilizados para actividades ilícitas. La intervención permitió la incautación de celulares, dispositivos electrónicos, documentos, armas y bienes vinculados a los delitos que se investigan.
Entre los detenidos figura el venezolano Gabriel José Palacios Díaz (27), alias “Jimmy”, identificado como uno de los principales operadores logísticos de la red. Según la carpeta fiscal 15-2022 que incluye informes policiales y testimonios protegidos, “Jimmy” presuntamente era el encargado de trasladar mujeres extranjeras, custodiar armas y coordinar amenazas a empresarios y víctimas. Las fuerzas del orden allanaron su vivienda en el asentamiento humano San Pedro con fines de registro domiciliario.
Dentro del penal de Piura también se ejecutaron órdenes de allanamiento en las celdas de cinco internos venezolanos considerados integrantes activos de la organización: Eliomar G. R., Robert P. E., Daniel C. R., Jhon T. T. y Marco S. Q.. Todos cumplen condena bajo el régimen cerrado ordinario, pero continuaban delinquiendo desde el interior del establecimiento.
Red criminal se instaló en el 2022
Las investigaciones fiscales sostienen que esta red criminal «Los Gallegos del Tren de Aragua» se instaló en la región aproximadamente en marzo del 2022 y comenzó a extorsionar a propietarios de discotecas y bares. Las víctimas recibían mensajes y llamadas a través de WhatsApp exigiéndoles el pago mensual de entre S/ 500 y S/ 3,000 a cambio de permitirles seguir operando sus negocios. De no cumplir, los amenazaban de muerte o con atentados contra sus locales y familias.
Uno de los delitos más graves atribuidos a “Los Gallegos” es la trata de personas con fines de explotación sexual, principalmente de mujeres venezolanas entre 18 y 25 años, muchas de ellas con estudios inconclusos y necesidades económicas. A las víctimas se les ofrecía cubrir los gastos de viaje a cambio de una deuda que luego se volvía impagable. Estas jóvenes eran obligadas a abonar diariamente entre S/ 150 y S/ 200, además de pagos semanales por “plazas” para poder trabajar, alojamiento, comida y hasta multas por faltas como tardanzas.
El modus operandi incluía mantener a las víctimas en condiciones inhumanas, bajo constante amenaza y sometidas a un círculo vicioso de deuda y abuso. En algunos casos, cuando las mujeres se negaban o no podían pagar, eran asesinadas y sus cuerpos expuestos como “ejemplo”, incluso grabando los actos violentos para intimidar a las demás.
Extorsionaban a colombianos
La organización también habría extendido su esquema de extorsión a ciudadanos colombianos dedicados al préstamo informal conocido como “gota a gota”, obligándolos a pagar cuotas por cada motocicleta o ruta que operaban en zonas de Piura, Sullana, Talara, Paita, Chulucanas y Tambogrande. Los prestamistas eran víctimas de amenazas, robos y pagos forzosos a cuentas bancarias del BCP e Interbank, coordinadas por integrantes que rondaban la ciudad en motocicletas.
Los primeros indicios contra “Jimmy” incluyen una intervención policial en diciembre de 2023, donde se le halló un arma de fuego en su vehículo junto a otro sujeto vinculado a la organización, sin contar con licencia. Además, un testigo protegido afirmó que él mismo coordinó el traslado de menores extranjeras para su explotación en Piura.
El operativo representa un avance decisivo en el desmantelamiento de estructuras criminales transnacionales como el «Tren de Aragua» que han encontrado en el norte del país un nuevo punto de operación. La Fiscalía continúa recabando pruebas para solicitar prisión preventiva mientras se amplían las diligencias y se determina la posible implicancia de más personas vinculadas a esta red delictiva.
