El Congreso de la República aprobó, el pasado 24 de junio de 2024, la nueva Ley de Contrataciones Públicas con 91 votos a favor, una medida que entrará en vigor a partir del 22 de abril próximo y que ha generado un intenso debate en el país.
La normativa flexibiliza las restricciones para que familiares de congresistas, ministros, presidentes, vicepresidentes, gobernadores regionales y alcaldes distritales puedan contratar con el Estado, siempre que no lo hagan con la misma entidad donde labore su pariente. Este cambio reemplaza la prohibición absoluta anterior por una limitación específica al «mismo ámbito», lo que permitirá que parientes de autoridades accedan a contratos en diferentes niveles de gobierno.
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Según los promotores de la ley, el objetivo es promover la competencia y ampliar las oportunidades de negocio en el mercado estatal. La congresista de Fuerza Popular, Tania Ramírez, defendió la reforma afirmando que “¿Por qué esa restricción? Si bien es cierto tenemos un alto cargo, una alta investidura, pero cuando se culmine el plazo no seguimos siendo lo que hemos sido en esos 5 años o lo que fuese”.
Critican ley
Sin embargo, las críticas no se han hecho esperar. Para la parlamentaria Sigrid Bazán, esta modificación abre la puerta a conflictos de interés. “Estoy legislando para permitir que mi familiar esté en un ministerio”, cuestionó. En la misma línea, analistas advierten que la medida podría favorecer prácticas de tráfico de influencias y corrupción al flexibilizar la normativa vigente.
Antes de esta reforma, la legislación impedía que parlamentarios y sus familiares participaran en procesos de contratación estatal mientras ocupaban el cargo y hasta doce meses después de dejarlo. Ahora, la nueva ley levanta esta prohibición en un momento en que la percepción ciudadana sobre la corrupción en la administración pública es crítica.
La controversia persiste, y voces de la sociedad civil exigen una revisión exhaustiva para evitar abusos y asegurar una administración pública transparente e íntegra.
Defiende ley de contrataciones
El congresista Alejandro Cavero rechazó las versiones que señalan que la reciente modificación a la ley de contrataciones permitirá que los familiares de congresistas puedan hacer negocios con el Estado.
“No es verdad que los familiares de los congresistas van a poder contratar con el Estado ahora que son parlamentarios. Eso es una mentira que se ha difundido sin base”, afirmó Cavero en respuesta a las críticas.
El parlamentario explicó que la reforma solo permite que aquellos familiares que ya tenían contratos con el Estado antes de la elección del congresista puedan seguir contratando. “No se ha autorizado que, a partir de la elección del legislador, sus familiares inicien contratos nuevos con el Estado”, aclaró.
El congresista también respondió a la parlamentaria Sigrid Bazán, quien advirtió que la norma podría generar conflictos de intereses. “La señora Bazán no participó en el debate, no es abogada y no sabe de lo que está hablando. Votó en contra simplemente porque vota en contra de casi todo”, declaró.
