La reciente propuesta del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, de modificar la Ley de Radio y Televisión (Ley 28278) para imponer una “franja informativa” destinada a difundir las acciones del Ejecutivo en la lucha contra la delincuencia, desató una tormenta de críticas desde diversos sectores periodísticos y gremiales, que advierten sobre un peligroso retroceso en la libertad de prensa.
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La Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV) y la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) han manifestado su enérgico rechazo a una iniciativa que, según indican, marca una ruta propia de gobiernos autoritarios al pretender condicionar los contenidos de los medios de comunicación.
“Los medios cumplen un rol fundamental en la sociedad al informar de manera veraz, objetiva e independiente sobre los hechos que afectan a la ciudadanía, incluyendo la lucha contra la delincuencia. La libertad de prensa e información son pilares esenciales de la democracia y se deben respetar en su totalidad”, señala el pronunciamiento de la SNRTV.
Injerencia inaceptable en democracia
La ANP, por su parte, calificó el proyecto como una «injerencia gubernamental inaceptable en democracia». Para el gremio periodístico, lo que se intenta no es una franja informativa, sino un “bloque propagandístico” que contraviene estándares internacionales de derechos humanos al permitir una intervención estatal en la línea editorial de los medios.
Además, la ANP advirtió que el uso recurrente y desmedido de los estados de emergencia por parte del Ejecutivo podría convertir la franja obligatoria en una medida permanente, afectando la pluralidad informativa y el derecho ciudadano a recibir información libre e independiente.
«Las declaraciones del ministro Arana revisten particular gravedad, ya que observamos un intento de controlar el contenido de los medios de comunicación», expresó la presidenta de la ANP, Zuliana Lainez Otero, quien alertó sobre un posible “control indirecto de medios de comunicación”.
Existen otros medios
Las críticas coinciden en que, si el Gobierno desea difundir sus acciones contra la delincuencia, cuenta con los medios estatales y campañas institucionales para ello, sin necesidad de imponer a los medios privados una obligación que afecta la independencia periodística y el derecho a una información plural.
Finalmente, Juan Alcántara, viceministro de Justicia, en diálogo con RPP, dijo que su sector está «sorprendido» por las reacciones suscitadas por la propuesta, y precisó que dicha «franja informativa» tendrá una duración aproximada de 40 minutos y deberá ser emitida entre las 6pm. y 11pm.
