La Sala Plena de la Corte Suprema del Poder Judicial se pronunció contundentemente contra la reforma integral del sistema de justicia impulsada por el Congreso, calificándola como una iniciativa apresurada y excluyente. El máximo órgano judicial del país advirtió que estas modificaciones, planteadas por una comisión exclusivamente parlamentaria, no solo contravienen la tradición de generar consensos en reformas de esta envergadura, sino que también ponen en riesgo la autonomía de los jueces y fiscales.
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Desde el Salón de Juramentos del Palacio Nacional de Justicia, los magistrados señalaron que los 90 días establecidos para elaborar un plan de reformas son insuficientes y denunciaron una exclusión preocupante de los principales actores del sistema de justicia. “Los jueces somos parte de la solución, no parte exclusiva del problema”, afirmaron, en clara referencia a la moción congresal que dio inicio a estas medidas.
Situación “alarmante”
El Poder Judicial también calificó de «alarmante» la afectación al principio de separación de poderes, debido a que las reformas del Congreso afectarían la autonomía del Ministerio Público y el Poder Judicial.
“Llama la atención la profunda reforma ha sufrido la institución de las diligencias preliminares o investigación preliminar con patente desconocimiento del artículo 159, numeral 4, de la Constitución, que establece la conducción desde su inicio de la investigación delito al Ministerio Público, lo cual crea un desbalance en su relación con la Policía. Asimismo, la modificación del tipo legal de crimen organizado en una línea preocupante de marchas y contramarchas que reduce sensiblemente la posibilidad de una persecución procesal razonable y efectiva en aras de la tutela de los intereses públicos», aseveró.
«Es perturbadora la reforma del Código Procesal Constitucional al limitar los poderes de control constitucional de las decisiones parlamentarias y generar un procedimiento especial que revela un claro desequilibrio de los principios de separación, equilibrio e independencia de los públicos”, manifestó.
Por otro lado, señalaron que la ampliación del delito de prevaricato podría criminalizar injustamente los criterios judiciales, vulnerando el artículo 139 de la Constitución y la independencia judicial. Asimismo, alertaron sobre las marchas y contramarchas en la definición del crimen organizado, lo que podría dificultar una persecución penal efectiva.
En respuesta, la Sala Plena anunció la creación de una comisión especial para analizar las leyes promulgadas y proponer reformas razonables que fortalezcan el sistema de justicia en el largo plazo. “La transformación de la justicia no puede justificarse excluyendo a quienes la integran; el intervencionismo no es el camino”, concluyeron.
El pronunciamiento refleja una postura firme del Poder Judicial frente a reformas que, según consideran, podrían comprometer principios esenciales del Estado de derecho y la institucionalidad democrática.
