La extorsión y el cobro de cupos se consolidan como las principales amenazas a la seguridad ciudadana en el norte del Perú, alcanzando un 74% de menciones según una encuesta de Ipsos incluida en el libro Propuestas contra la inseguridad ciudadana. El informe, presentado en Piura por el Observatorio del Crimen y la Violencia —impulsado por el Banco de Ideas Credicorp y el BCP, en alianza con Capital Humano y Social—, revela un escenario donde el delito se ha vuelto más frecuente, violento y estructurado, afectando tanto a ciudadanos como a actividades económicas formales.
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El estudio también advierte que otras modalidades delictivas mantienen niveles de preocupación elevados. La violencia sexual y el secuestro registran un 41% cada uno, mientras que la corrupción de funcionarios públicos alcanza el 38%. En paralelo, las economías criminales muestran una fuerte presencia en la región: el tráfico ilícito de drogas lidera con 64%, seguido de la trata de personas (60%), la minería ilegal (54%) y el contrabando (40%), siendo este último el porcentaje más alto reportado a nivel nacional, lo que refleja la magnitud del problema en el norte.
Falta de estrategia integral
El exviceministro del Interior Ricardo Valdés, coautor del libro, sostuvo que el crecimiento de la extorsión responde a la falta de una estrategia integral y sostenida. “La extorsión no se enfrenta con medidas aisladas, sino con inteligencia, coordinación entre operadores de justicia y decisión política para desarticular a las organizaciones criminales. El reto es pasar de la reacción a una estrategia sostenida”, afirmó. En esa línea, el documento plantea siete ejes de acción que incluyen el fortalecimiento de la Policía Nacional, el uso de tecnología avanzada como inteligencia artificial, la prevención del delito y la lucha frontal contra actividades ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal y la trata de personas.
Entre las principales propuestas destacan la tercerización del control en los penales para evitar que desde estos centros se sigan articulando redes delictivas, la priorización de la desarticulación de organizaciones criminales y el fortalecimiento de la inteligencia policial mediante herramientas de análisis de datos. Asimismo, se plantea mejorar la articulación entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial, con el objetivo de lograr intervenciones más eficaces y coordinadas.
Evolución del crimen organizado
Por su parte, el exministro del Interior Carlos Basombrío advirtió que el norte del país refleja con claridad la evolución del crimen organizado. “El crimen se ha vuelto más violento, transnacional y mejor organizado; es, además, la región donde el contrabando concentra la mayor preocupación ciudadana del país”, señaló. A nivel nacional, la extorsión y el cobro de cupos también lideran las preocupaciones con 76%, mientras que el tráfico ilícito de drogas y la trata de personas comparten el primer lugar entre las economías criminales con 64%.
En este contexto, la ciudadanía demanda acciones concretas del próximo gobierno. El 54% considera prioritario combatir el crimen organizado y las economías ilegales, seguido por la reforma del sistema de justicia (45%) y el fortalecimiento de la Policía Nacional (44%). Las cifras y propuestas recogidas en el informe evidencian la urgencia de implementar políticas públicas integrales que enfrenten de manera sostenida un problema que ya impacta de forma directa en la vida diaria y la seguridad de la población.
