El sistema penitenciario peruano se prepara para la aplicación de un nuevo régimen especial que impondrá las restricciones más severas registradas hasta ahora en los penales del país. El Ejecutivo, a través de un decreto legislativo en elaboración, modificará el Código de Ejecución Penal con el objetivo de reforzar la seguridad interna, fortalecer el principio de autoridad y frenar las actividades delictivas que aún se gestan desde el interior de las cárceles.
Así lo confirmó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, quien precisó que la norma establecerá medidas disciplinarias obligatorias para los internos, entre ellas el rapado obligatorio del cabello, el uso de uniformes penitenciarios y mayores limitaciones en las visitas y en las horas de recreación. Este régimen especial tendrá aplicación principalmente en los establecimientos con mayor nivel de peligrosidad.
De acuerdo con el titular del Minjusdh, se ha identificado que los horarios de patio y los encuentros con visitantes se utilizan por algunos reclusos para coordinar delitos o facilitar el ingreso de objetos prohibidos. En ese sentido, el nuevo régimen restringirá la permanencia de internos en pasadizos y escaleras, además de reducir los espacios y tiempos considerados vulnerables para el control penitenciario.
En cuanto al rapado obligatorio, el ministro explicó que la medida responde a razones de seguridad y salubridad, ya que permitirá prevenir la propagación de enfermedades y evitar que se oculten armas, drogas o equipos de comunicación. Asimismo, el uso de un uniforme único busca eliminar cualquier tipo de jerarquía o diferenciación entre los internos, promoviendo un trato igualitario dentro de los penales.
Proceso de reordenamiento
Estas disposiciones forman parte de un proceso más amplio de reordenamiento del sistema penitenciario. En ese marco, más de 824 internos fueron trasladados a distintos establecimientos del país. Los reclusos bajo la categoria de alta peligrosidad, como cabecillas de bandas criminales, secuestradores y extorsionadores, pasaron a penales de máxima seguridad como Challapalca, Yanamayo, Cochamarca y Ancón I.
Con este nuevo régimen, el Gobierno busca recuperar el control efectivo de los centros penitenciarios y reducir la capacidad operativa de las organizaciones criminales que, pese a estar privadas de libertad, continúan generando amenazas a la seguridad ciudadana desde el interior de las cárceles.
