La noche del jueves 14 de agosto, Trujillo vivió momentos de terror cuando un atentado con explosivos remeció la cuadra 8 de la avenida Perú alrededor de las 10:10 p.m. De acuerdo con la Policía Nacional, se utilizaron entre 15 y 20 cartuchos de emulsión explosiva, un material de alto poder proveniente presuntamente de la minería ilegal.
La fuerte detonación dejó al menos tres personas heridas y provocó daños en más de 20 viviendas y locales, algunos de los cuales quedaron inhabitables.
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La onda expansiva destrozó fachadas, rompió ventanas, dañó automóviles y generó cortes de electricidad que complicaron las labores de evacuación. Vecinos relataron que el estruendo se escuchó a varias cuadras y que, tras la explosión, el pánico se apoderó de la zona. Bomberos, serenazgo y personal de salud llegaron rápidamente, atendieron a los heridos —lesionados por escombros y vidrios— y los trasladaron a hospitales cercanos.
Enfrentamiento de bandas
El ministro del Interior, Carlos Malaver, llegó a la ciudad en la madrugada para coordinar la respuesta. Señaló que la principal hipótesis apunta a un ajuste de cuentas entre las bandas criminales “Los Pepes” y “La Jauría”, enfrentadas por el control de extorsiones y cobros ilegales en la región La Libertad.
Las investigaciones preliminares señalan que los atacantes pudieron tener como blanco a un exrecluso conocido como alias “Bolaños”.
Malaver advirtió que el atentado no quedará impune y que la Policía Nacional ya desplegó operativos de inteligencia para dar con los responsables. También informó que las autoridades evalúan los daños estructurales de las viviendas afectadas —algunas podrían ser demolidas— y coordinan con el Gobierno Regional y las autoridades locales para brindar asistencia a las familias damnificadas.
Este ataque se produce en medio de una escalada de violencia en Trujillo, ciudad que en los últimos años ha registrado un incremento alarmante de casos de extorsión y sicariato. Solo en 2024 se contabilizaron más de 1 200 denuncias por extorsión en la región, lo que la mantiene como una de las zonas más golpeadas por el crimen organizado en el país.