La permanencia del jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, pende de un hilo. Su reciente negación del secuestro de 13 trabajadores mineros —posteriormente hallados muertos en un socavón en Pataz, región La Libertad— ha provocado un fuerte rechazo político, que ya se traduce en una posible moción de censura en el Congreso.
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El hecho generó una inmediata reacción en diversas bancadas parlamentarias. Legisladores de diferentes agrupaciones han unido fuerzas para promover la salida del premier, cuestionado por minimizar un crimen que ha conmocionado al país.
Hasta la fecha, 19 congresistas han firmado el documento que impulsa su censura. Si logran reunir las 33 firmas necesarias, la moción podrá ser debatida en el Pleno del Congreso. De ser aprobada con mayoría simple, se configuraría una “crisis total”: es decir, la caída obligatoria de todo el gabinete ministerial.
Entre los firmantes figuran parlamentarios como Jaime Quito, Sigrid Bazán, Jorge Montoya, Ruth Luque, Edward Málaga, Roberto Sánchez, Margot Palacios, entre otros, quienes acusan a Adrianzén de encubrir o desinformar respecto a un caso de extrema gravedad.
Cabe recordar que el premier declaró inicialmente que “no existía información sobre personas secuestradas” en Pataz, pese a que familiares y medios locales reportaban lo contrario. La posterior aparición de los cuerpos reforzó las críticas contra su manejo del caso y avivó el debate sobre su continuidad en el cargo.
El Congreso ahora tiene en sus manos la posibilidad de provocar una reestructuración total del Ejecutivo. La decisión, aseguran varios legisladores, será política, pero también ética.
