El expresidente de la República, Francisco Sagasti, no será inhabilitado políticamente tras la votación del Pleno del Congreso, que no alcanzó los 66 votos necesarios para aprobar la sanción por su presunta responsabilidad en el pase al retiro de 19 altos mandos de la Policía Nacional en 2020. Sin embargo, su situación judicial podría complicarse.
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Con 56 votos a favor, 9 en contra y 11 abstenciones, el Legislativo declaró fundada la acusación constitucional en su contra y decidió remitir el caso a la Fiscalía de la Nación para que se investigue un posible delito de abuso de autoridad.
La denuncia, impulsada por el congresista Jorge Montoya, se centró en la decisión tomada por el entonces presidente Sagasti en noviembre de 2020, cuando ordenó el retiro de tres tenientes generales y 16 generales de la PNP en el contexto de la crisis política y social posterior al gobierno de Manuel Merino.
Para Montoya y otros legisladores, esta medida afectó la institucionalidad de la Policía Nacional y se habría adoptado sin justificación técnica. No obstante, la sanción política quedó sin efecto ante la falta de una mayoría calificada en el hemiciclo.
Con esta decisión, el Congreso cerró la vía parlamentaria, pero abrió la puerta a una eventual investigación penal. Ahora será el Ministerio Público quien determine si corresponde iniciar diligencias contra el exmandatario.
