La Policía Nacional del Perú (PNP) se encuentra bajo una de sus investigaciones internas más delicadas en los últimos años. Un grupo de 44 agentes, entre comandantes y suboficiales, está siendo indagado por la presunta pérdida de 78 armas de fuego, las cuales debían ser entregadas a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Común (SUCAMEC).
No obstante, los registros oficiales muestran que estas armas nunca fueron registradas en el sistema, y su desfile sigue así.
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El caso ha generado gran inquietud, pues existe la posibilidad de que las armas incautadas en operativos policiales hayan vuelto a manos del crimen organizado. Aunque la Inspectoría de la PNP abrió un proceso disciplinario contra los agentes implicados, la investigación no avanza.
Un informe de Latina Noticias reveló que entre 2021 y 2023 desaparecieron varias armas en el DEPINCRI de Comas. Se sospecha que no se cumplió el protocolo de custodia, ya que escopetas artesanales, pistolas de fogueo, pistolas de gas y réplicas de armas de fuego nunca fueron enviadas a SUCAMEC, pese a la normativa que exige su destrucción.
Los documentos revisados por la Inspectoría revelan que las irregularidades coinciden con el paso de distintos comandantes por la unidad policial. Entre los principales investigados figuran:
- Jesús Milla Moreno (2021): No hay registro del paradero de 30 armas.
- Jorge Gálvez Bedrillana (2022): Se desconoce el destino de 38 armas.
- David Carranza Veramendi (2020) y César Taira Flor (2023): También señalados en la desaparición de armamento incautado.
Las cifras ponen en evidencia una situación que podría comprometer la seguridad ciudadana, pues el tráfico de armas ilegales es uno de los factores que alimenta la violencia en el país.
Policías investigados siguen ejerciendo
A pesar de la gravedad del caso, los 44 policías investigados siguen en servicio activo. Sin embargo, la PNP decidió reubicarlos en otras unidades, apartándolos del DEPINCRI Comas mientras continúa la investigación.
El informe señala que, hasta ahora, los policías no han presentado documentos que justifiquen el desfile de las armas desaparecidas. La ausencia de pruebas ha dificultado la investigación, que además está limitada por un plazo de prescripción de cinco años, que ya han transcurrido.
Según fuentes cercanas al caso, la Inspectoría de la PNP ha catalogado la investigación como «compleja», lo que podría prolongar la recopilación de pruebas y la identificación de responsabilidades, aumentando la incertidumbre sobre las eventuales sanciones.
