Andrés Choy, presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú, señaló que más de 2,000 bodegas han cerrado en el país debido a que sus propietarios han sido víctimas de extorsiones. Además, afirmó que no han contado con el respaldo necesario por parte de las autoridades para enfrentar esta problemática.
«Lo que hemos visto ha sido un peloteo. El policía dice que no tiene las pruebas respectivas, las amenazas no son delito. Te dicen que vuelvas después. Varios otros han visto eso. Cuando llega, el tema es el fiscal. El fiscal dice: ‘No, pero es leve, acá no hay nada, solamente es un intento de susto'», dijo en diálogo con RPP.
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Asimismo, relató el caso de una de sus asociadas, quien fue víctima de amenazas por parte de un sujeto que lanzó una piedra contra sus bodegas tras negarse a pagar una extorsión. A pesar de que el agresor fue detenido, este recuperó su libertad poco tiempo después, dejando a la víctima desprotegida.
“La señora pidió garantías contra su vida y no le dijeron nada. En muchos casos a veces vas a la comisaría y en la comisaría no te toman la denuncia», afirmó.
Choy detalló que la mujer logró presentar la denuncia correspondiente; no obstante, la respuesta de las autoridades policiales se reducirá únicamente a incrementar el patrullaje en la zona, sin ofrecer una solución más efectiva.
Ausencia de resguardo a víctimas
Choy informó que la asociación recibió la visita de funcionarios del Ministerio de Justicia, donde destacó la falta de protección a las víctimas. Según indicó, estas no cuentan con un defensor de oficio, mientras que la ley parece favorecer a los delincuentes. Mencionó casos de socios cuyas denuncias han prescrito sin resolución, dejando a los afectados desamparados.
En cuanto a las propuestas para mejorar la seguridad de los bodegueros, Choy explicó que trabajan con otros gremios, como la Cámara de Comercio de Lima, para modificar las leyes contra delincuentes. Su objetivo es impulsar proyectos de ley que establezcan un marco jurídico efectivo para detener a los responsables. Además, aseguró que están involucrando a todas las instituciones del Estado relacionadas con la administración de justicia en este esfuerzo conjunto.