La crisis política y judicial en torno al expresidente Pedro Castillo suma un nuevo episodio. El exmandatario, detenido en el penal de Barbadillo desde diciembre de 2022, habría iniciado una huelga de hambre en protesta por lo que considera un juicio «politizado» en su contra por el presunto delito de rebelión. Ante ello, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, restó importancia a la medida y la calificó como una «decisión personal».
Leer más: Expresidente Pedro Castillo es hospitalizado en Vitarte tras tres días en huelga de hambre
“Que una persona decida no comer o no beber es una decisión personal. Nadie puede agarrar a un interno, abrirle la boca y ponerle la comida”, declaró Arana ante la prensa. No obstante, exhortó a Castillo a acatar los reglamentos penitenciarios y a no politizar su situación legal.
La protesta de Castillo derivó en su traslado al Hospital II de Vitarte para evaluar su estado de salud. Según su abogado, Walter Ayala, el exmandatario sufrió una descompensación, lo que motivó la decisión del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
«Lo que yo como ministro debo decir [es]: exhortamos a todos los internos, en particular al interno [Pedro] Castillo a que se someta a los reglamentos que están previstos en el Código de Ejecución Penal y en el ordenamiento del INPE y que no politice su situación”, señaló.
Ministro Arana denuncia filtraciones desde la Fiscalía
En paralelo, el ministro de Justicia anunció que el Gobierno convocará «pronto» a una reunión del Consejo de Estado para abordar lo que considera “permanentes filtraciones” desde el Ministerio Público sobre casos que involucran a funcionarios del Ejecutivo.
Arana criticó que la prensa tenga acceso a información reservada de procesos en curso, insinuando que podría existir un interés dentro del Ministerio Público para exponer estos casos al escrutinio público.
«La prensa tiene acceso a mucha información que debería estar restringida solo para el fiscal o las partes. Esto puede evidenciar que el Ministerio Público tiene interés en ventilar estos casos o que exfiscales y expolicías aún tienen acceso a información confidencial», sostuvo.
Sin embargo, aclaró que el Gobierno no está en contra de la libertad de prensa, sino que busca evitar que la divulgación de piezas procesales comprometa el desarrollo de los procesos judiciales y genere corrientes de opinión que influyan en los fallos.
Con estas declaraciones, el Ejecutivo reaviva la polémica sobre la independencia del sistema judicial y el manejo de información en casos de alto perfil. Mientras tanto, el estado de salud de Pedro Castillo sigue generando expectativa en el ámbito político y social.
