Un grave escándalo sacude a la Fiscalía Penal Provincial luego de que se descubriera que los lingotes de oro incautados en una operación policial aparentemente se reemplazaron por barras de cobre. La falta de pericia al momento de su internamiento en el Banco de la Nación ha desatado cuestionamientos sobre la cadena de custodia y la posible participación de funcionarios en una operación fraudulenta.
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La investigación revela que el 25 de enero de 2024, el fiscal penal provincial Fernando Hernández Quispe ordenó el internamiento de cuatro lingotes de oro, valorizados en más de 2.5 millones de dólares, en el Banco de la Nación. Sin embargo, no se realizó la pericia correspondiente para verificar la autenticidad del metal. En el acto de custodia, también estuvieron presentes el administrador del banco, David Ruíz Quiliche, el jefe de la Unidad de Operaciones, Hernán Francisco García Palacios, y el jefe de la Unidad de Caja, Jorge Luis Ubillús Abrahamonte, además de efectivos del Depincri.
«Cambiazo» por cobre
Lo más alarmante es que, meses después, al inspeccionar la caja lacrada que contenía los lingotes, se descubrió que esta contenía barras de cobre. La ausencia de peritaje desde el inicio ha generado sospechas de que el «cambiazo» pudo haberse realizado incluso antes del internamiento.
El origen de los lingotes se remonta al 23 de enero de 2024, cuando fueron incautados en una operación policial en el distrito de Suyo. En ese operativo, los ciudadanos Jaime Guerrero Quito, de nacionalidad peruana, y Edwin Gonzalo Romero Loayza, de Ecuador, cayeron con los lingotes, que en total sumaban un peso de 11.9 kilogramos.
La Fiscalía de Sullana inicialmente rechazó la solicitud de custodia en su sede, argumentando que la cantidad de oro incautada requería la intervención del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) y otros protocolos. Ante la negativa, el fiscal Hernández Quispe coordinó el internamiento en el Banco de la Nación, sin que se realizara la verificación del metal precioso.
Sobre la falta de peritaje, el fiscal argumentó que el perito policial que se presentó el día de la incautación no contaba con el reactivo necesario para determinar la autenticidad del oro. No obstante, la omisión de este procedimiento ha abierto la puerta a irregularidades que ahora ponen en tela de juicio la integridad del proceso.
El escándalo ha encendido las alarmas en el Ministerio Público, y se espera que se inicie una investigación interna para determinar en qué momento se produjo el «cambiazo» y quiénes son los responsables de este aparente acto de corrupción. Mientras tanto, la confianza en el manejo de evidencias por parte de la Fiscalía sigue en entredicho.
