El Perú enfrenta una grave crisis de seguridad pública, con un aumento exponencial de las actividades delincuenciales. El sicariato y las extorsiones han crecido de forma alarmante, especialmente en Lima y Callao, donde estos delitos ya no son excepcionales, sino parte del día a día. Este desbordamiento de la criminalidad ha generado una profunda sensación de inseguridad entre la población, mientras que las instituciones encargadas de la seguridad parecen incapaces de frenar esta ola delictiva.
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La política criminal implementada hasta la fecha ha fracasado en contener la violencia. El enfoque de resocialización y rehabilitación de los delincuentes no ha cumplido su objetivo: las cárceles se han convertido en escuelas del crimen. A esta realidad se suma la falta de recursos y equipamiento tecnológico que sufre nuestra Policía Nacional. Por otro lado, el Ministerio Público necesita fortalecerse en términos de personal especializado y logística operacional para perseguir el delito. Esta falta de recursos, coordinación y tecnología en las fuerzas de seguridad ha permitido que las organizaciones criminales sigan operando con total impunidad, desbordando la labor de las autoridades.
El modelo Bukele
Ante este panorama, el modelo aplicado en El Salvador bajo el mandato de Nayib Bukele ha ganado notoriedad. Su estrategia de mano dura, que incluye militarización y un estado de excepción prolongado, ha logrado reducir drásticamente los niveles de criminalidad en dicho país. Aunque ha recibido críticas por la supuesta violación de derechos humanos, el éxito de Bukele ha despertado interés en otros países de la región, incluido nuestro país.
Para que el Perú pueda seguir un camino similar, sería necesario tomar medidas radicales. Ello incluye una reforma integral de las instituciones de seguridad, dotarlas de mayores recursos y equipo, así como fomentar la participación ciudadana para denunciar y colaborar en la lucha contra el crimen. Si bien no es recomendable replicar modelos autoritarios, el Perú debe aprender del éxito salvadoreño, implementando una estrategia firme que combine un control criminal extremo con el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Si bien muchos apuestan por la pena de muerte, por el momento resulta excesivo, máxime si los tratados internacionales atan de manos a nuestra nación.
Por: Juan José Albán Parra, abogado penalista del Estudio Muñiz Piura.