La seguridad ciudadana es una papa caliente que el Gobierno no puede manejar y menos controlar. El premier Gustavo Adrianzén, ha referido (marzo del 2024) y en un sinnúmero de oportunidades que los pilares de la Política General de Gobierno de la presidenta Dina Boluarte, son la reactivación económica y la seguridad ciudadana, la pregunta que nos hacemos todos los peruanos, ¿estas prioridades se están cumpliendo, especialmente en la seguridad ciudadana?, la respuesta se cae de madura NO.
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A diario vemos como la delincuencia común y el crimen organizado ejecutan sus actividades criminales poniendo en zozobra a la población, porque los métodos que emplean para conseguir sus propósitos perversos, son extremadamente violentos, sanguinarios y evidencian un total desprecio por la vida; los hechos de sicariato, extorsión, cobro de cupos, secuestros, etc., se han vuelto recurrentes, se suscitan a diario en el país y se realizan con alarmante impunidad y elevan la percepción de inseguridad en las personas. Lo alarmante es que la delincuencia y crimen organizado rebasan la capacidad operativa de la Policía Nacional.
Malestar ante la delincuencia
Esta realidad que vivimos de inseguridad, que atenta contra las inversiones y contra la vida, tranquilidad de los peruanos, viene creando un estado de inseguridad generalizado, muchos sectores ya se han pronunciado y exigen al Gobierno que tome acciones concretas y efectivas para contrarrestar y parar esta delincuencia demencial que nos azota, caso contrario radicalizaran sus medidas con manifestaciones, protestas e, incluso han anunciado un Paro Nacional que es liderado por el Gremio de transportistas, a la cual se sumarian el sector de construcción civil y otras organizaciones sociales que representan actividades económicas y productivas que también se encuentran amenazadas por estas organizaciones criminales a través de la extorsión. Esta situación puede constituirse en un punto de quiebre y podría configurar un escenario sumamente peligroso de inestabilidad política que tendría que afrontar el Ejecutivo.
El Gobierno en respuesta ha implementado una serie de acciones para combatir la delincuencia y la criminalidad, como declarar estado de emergencia en distritos de mayor incidencia delictiva, presentó un proyecto de ley sobre terrorismo urbano el cual no fue aprobado y en su reemplazo se aprobó la ley sobre criminalidad sistemática, así mismo la creación del Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (GRECCO) para combatir las extorsiones, así como intervenciones a los diversos penales por considerar que desde su interior se planifican los actos extorsivos.
Estas medidas no van a tener resultados positivos, primero por las experiencias anteriores con ámbitos territoriales declarados en emergencia no tuvieron los resultados esperados en la lucha contra el crimen y eso lo vemos actualmente en los distritos bajo este régimen de excepción donde los delitos se cometen a diario.
Inseguridad golpea a regiones
Con respecto al proyecto de ley para endurecer las penas para los delitos de sicariato, extorsión, secuestros, estos ya están regulados e, incluso llegan hasta la cadena perpetua, el endurecimiento de las penas no significa que los delitos criminales van a parar, la creación del grupo GRECO, puede considerarse un acierto en la medida que se descentralice a los ámbitos territoriales de mayor incidencia delictiva y como vemos no solamente Lima afronta estos problemas, sino regiones como la Libertad, Arequipa, Lambayeque y Piura, vienen siendo afectados por esta criminalidad, para esto se requiere personal especializado y lo más importante recursos logísticos, equipamiento y presupuesto para su funcionamiento y esto a la fecha no se da.
Asimismo, con relación a los penales las intervenciones tienen que ser sostenidas e implementar los bloqueadores de líneas telefónicas que desde hace mucho tiempo atrás se anunció con bombos y platillos, pero nunca se implementó razón por la cual los actos extorsivos se realizan con mayor impunidad sumándose a ello la corrupción de malos elementos del INPE que facilitan estas actividades criminales.
Esta delincuencia y criminalidad organizada solo podrá ser combatida, neutralizada y desarticulada si fortalecemos a la Policía Nacional del Perú, con su equipamiento, con sus recursos logísticos, con su implementación de plataformas tecnológicas de última generación, con la capacitación adecuada, con un marco de seguridad jurídica para el personal policial que respalde su accionar en cumplimiento de su función en la lucha frontal contra el delito; no puede ser posible que las unidades especializadas como Inteligencia, investigación Criminal entre otras encargadas de combatir el crimen organizado , estén en estado de abandono por parte del Gobierno y sector Interior.
Articulación
Otro punto importante que se debe de fortalecer es la coordinación y articulación con el sistema de justicia llámese Fiscalía y Poder Judicial, para fortalecer las políticas contra el crimen y la correcta administración de justicia a favor de la ciudadanía que clama seguridad.
El Gobierno tiene la solución a la vista, pero creo que la naturaleza y la magnitud del problema no es percibido por sus altos funcionarios que hoy manejan el destino de nuestro querido Perú.